El derecho administrativo y la organización de la administración pública son elementos claves para el funcionamiento de un estado moderno.
El derecho administrativo es una rama del derecho público que establece normas y principios dirigidos a regular la actividad administrativa y sus relaciones con los ciudadanos. Por otro lado, la organización de la administración pública se refiere a la forma en que se constituye el sistema de poderes públicos desde la máxima autoridad constitucional hasta las entidades administrativas locales.
Estas dos ramas son inherentes a todos los estados, desde los más hasta los menos desarrollados. Entenderlas es indispensable para desarrollar un ordenamiento jurídico justo, seguro y para establecer una relación fluida y eficaz entre los particulares y la administración.
El derecho administrativo en México es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la relación entre la administración pública mexicana y la sociedad, según el principio de división de poderes. Se basa en la organización interna del estado, las facultades del Ejecutivo, los fines y objetivo del Estado, como también los derechos y obligaciones entre el Estado y los particulares.
Esta rama del derecho vigila que la administración pública se lleve a cabo de forma eficiente pero también se encarga de garantizar los derechos de los individuos y empresas que participan de alguna forma a través de normas jurídicas.
El derecho administrativo tiene a su vez diversas ramas (ver figura 1), como lo son:
Figura 1. Ramas del derecho administrativo.
La administración pública tiene como uno de sus principales objetivos el bienestar de la sociedad a través de la satisfacción de las necesidades de la población. Fernández Ruiz la define como:
El conjunto de áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público trata de lograr los fines del Estado. (Fernández, 2022)
La administración pública tiene dos estructuras:
La organización de la administración pública federal la encabeza el presidente de la república y de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2022), se integra por las siguientes formas:
a) Centralizada. Estructura administrativa en la cual las unidades, se ordenan y adecuan bajo un orden jurídico, con el objeto de unir decisiones, el mando, la acción y la ejecución. Las autoridades administrativas superiores tienen poder jurídico, administrativo, técnico, de coacción y del uso de la fuerza pública, los órganos inferiores están subordinados jerárquicamente y de forma inmediata al titular del órgano ejecutivo, quien concentra la capacidad de decisión en las secretarías de estado, la consejería jurídica, el jefe de la oficina de la presidencia y el resto de las unidades de soporte a la presidencia.
De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (2022), la administración pública centralizada se conforma por:
b) Paraestatal. Organismo o persona moral que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como finalidad auxiliar al Poder Ejecutivo Federal en la administración y desarrollo de las áreas que son consideradas por el Estado como estratégicas o prioritarias. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) establece que se integra de la siguiente forma:
Organismos descentralizados. Son aquellos que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios que realizan ciertas actividades administrativas, se crean a través de una ley del Congreso o por un decreto del ejecutivo Federal, tienen autonomía jerárquica. Sus actividades están referidas a áreas estratégicas o prioritarias. Pueden ser:
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria:
Fideicomisos públicos. La LOAPF establece que pueden ser constituidos por el gobierno federal o por las entidades paraestatales, auxiliando al presidente e impulsando áreas prioritarias del desarrollo del país. Por ejemplo, el fideicomiso de riesgo compartido que dirige recursos para promover agronegocios competitivos y sustentables en el espacio rural a través de los programas de fomento, abriendo el acceso de la población a los recursos públicos y privados.
Empresas productivas del Estado. Son resultado de una reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, llevada a cabo en el 2013. Son empresas públicas, parte de la administración del Estado y de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, lo cual implica que éste siempre tendrá el control sobre ellas; tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión. Ejemplos de ellas son:
El artículo 4 de la Ley de Petróleos Mexicanos (2014) y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (2022), establecen que ambas tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
El derecho administrativo se encarga de regular la actividad de la administración pública, siendo una herramienta esencial para su correcto funcionamiento; permite al Estado garantizar una eficaz ejecución de las funciones que le son propias, preservando el interés general y respetando los derechos de los particulares. Gracias a él, el Estado puede velar por el normal desarrollo de sus funciones, promoviendo el establecimiento y mejora de la organización, la distribución y ejecución de los servicios públicos, así como la aplicación correcta y uniforme de la legislación.
En conclusión, el derecho administrativo resulta esencial para la buena organización de la administración pública.
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