El proceso jurisdiccional es un mecanismo idóneo para resolver conflictos que surgen con motivo de la convivencia social, ya que permite a los miembros de una colectividad ejercer los derechos que las leyes expedidas con anterioridad a los hechos les reconocen ante los tribunales del Estado. El proceso se da mediante procedimientos que conceden la garantía de audiencia y que aseguran la aplicación de reglas equitativas para todos los participantes.
El acceso a la impartición de justicia es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en tratados internacionales que ha suscrito México con otros países. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de forma gratuita, por medio de los tribunales del Estado y en la forma y términos establecidos por la ley. Los organismos encargados de este asunto deben emitir sus decisiones de manera expedita, completa e imparcial.
En los tribunales de impartición y administración de justicia, las personas dirimen problemas, piden la solución de sus conflictos y demandan el respeto de sus derechos humanos. Estos y otros asuntos se resuelven a través de procesos jurisdiccionales de distinta índole, donde se ejerce la actividad jurisdiccional impartida por autoridades administrativas y judiciales de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en virtud de las distintas facultades que la CPEUM les otorga.
La actividad jurisdiccional forma parte del derecho procesal. De acuerdo con la Enciclopedia jurídica (2020), “el derecho procesal puede ser definido como aquella rama de la ciencia jurídica que se refiere al proceso en sentido amplio, entendiendo por tal la actividad desplegada por los órganos del estado en la creación y aplicación de normas jurídicas generales o individuales”.
El derecho procesal también se aplica en distintas disciplinas jurídicas, sobre todo en las que dirimen controversias a través de procedimientos jurisdiccionales, como en materia administrativa, mercantil, penal, familiar, entre otras. A lo largo del tiempo, esas reglas se han especializado en sus respectivos ámbitos, pero comparten principios que protegen los derechos fundamentales, por ejemplo, la garantía de audiencia, de debido proceso y de legalidad.
Generalmente, las partes se componen de una o varias personas a quienes les ha sido violado o incumplido un derecho, así que promueven la actividad del Estado al acudir a órganos formalmente administrativos o judiciales, pero materialmente jurisdiccionales, para ejercer su derecho de acceso a la tutela judicial. Estos individuos fomentan sus acciones en contra de otro o de un grupo, que pueden ser de naturaleza privada (personas físicas o morales) o autoridades públicas. Las autoridades jurisdiccionales o administrativas se encargan de conducir los procesos a través de sus variadas etapas, aunque también pueden intervenir otras de distinto nivel para revisar las actuaciones, en especial cuando las partes promueven los recursos contemplados en las reglas procesales.
Las etapas de los procesos jurisdiccionales son fases que deben seguirse ante un caso concreto y se llevan a cabo mediante las reglas procesales establecidas por las leyes. En principio, alguien pide la intervención de un órgano jurisdiccional para iniciar un procedimiento. Luego, las autoridades revisan los requisitos de forma y fondo para proceder con la pretensión reclamada y, en su caso, ordena el inicio del proceso, lo desecha o solicita al promovente que haga aclaraciones pertinentes o subsane alguna omisión. Posteriormente, de acuerdo con las pretensiones del promovente y de quien estuviera obligado a ellas, se debe dar notificación y derecho de expresar a la(s) persona(s) o autoridad(es) lo que estimen conveniente ante el planteamiento que contra ellos se esgrime. Existe una fase para ofrecer y analizar las pruebas de las partes, así como otra para alegar lo que se considere adecuado, antes de que se dicte una resolución que ponga fin al procedimiento.
Para entender mejor las etapas procesales, el Diccionario Jurídico (s. f.) detalla lo siguiente:
Tabla 1. Etapas del proceso jurisdiccional.
Fuente: Diccionario Jurídico. (s. f.). Etapas procesales.
Recuperado de http://diccionariojuridico.mx/definicion/etapas-procesales/ solo para fines educativos.
Las reglas procesales también contemplan que los contendientes pueden promover recursos en contra de las resoluciones que se dicten en el procedimiento, esto con el fin de que una autoridad jerárquicamente superior las revise y, en su caso, confirme o revoque. En el sistema jurídico mexicano, existe la figura del juicio de amparo para que una autoridad judicial federal examine las determinaciones y, de ser necesario, repare alguna violación a los derechos humanos cometida durante el proceso o en la sentencia.
A nivel mundial, y México no es la excepción, se reconoce el derecho humano de acudir ante las autoridades en busca de justicia, con motivo de actos de autoridad o de particulares que vulneran o restringen derechos, o bien por incumplimiento de obligaciones.
El Estado ha creado tribunales para dirimir ese tipo de controversias. Las reglas procesales establecen con claridad, dependiendo de la materia, quiénes se consideran partes y, por ende, tienen derecho a participar en esos procedimientos jurisdiccionales.
Las reglas que rigen a las partes se contemplan en leyes determinadas para aplicarse en casos concretos. Estas normas fijan las etapas que deben observarse y que, en todo caso, permiten salvaguardar los derechos fundamentales de los involucrados, ya sea para accionar la actividad jurisdiccional, oponerse a las pretensiones de la contraparte, ofrecer pruebas, presentar alegatos y recibir una sentencia que resuelva una controversia de manera gratuita, pronta, expedita e imparcial.
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