Por excelencia la fuente primaria del derecho es expedida por el legislador. En el Derecho Fiscal, la ley ocupa un destacado y a veces exclusivo papel como fuente generadora de obligaciones, pues —como veremos más adelante— el tributo per se sólo puede existir y ser exigible si esta existencia dimana de una ley. En el caso de nuestro país, esto representa una muy necesaria garantía de seguridad jurídica, pues si el cobro de un impuesto se apoyara solamente en un reglamento, ese cobro sería evidentemente inconstitucional y desde luego ilegal.

Son actos que dicta el Poder Ejecutivo con base en un ordenamiento legal, que producen consecuencias jurídicas de manera general, impersonal y abstracta a todos los gobernados.

Acto en el cual —por razones económicas, sociales, políticas o de cualquier otra índole— el legislador faculta al jefe del Ejecutivo para que mediante disposiciones de carácter general, pueda acordar la modificación de una situación jurídica determinada.

Materialmente es una figura muy parecida a la ley, pero muy diferente desde el punto de vista formal. Las leyes son expedidas por el Poder Legislativo, mientras que los reglamentos son autoría del Poder Ejecutivo (con el objetivo de aportar los elementos y las condiciones necesarias para que una ley pueda ser entendida y acatada). No obstante, vale recordar que a diferencia de los decretos, un reglamento siempre estará subordinado a una ley (de hecho, un reglamento que intente abarcar o preocuparse de asuntos no previstos en su respectiva ley sería inconstitucional).

Disposiciones administrativas que dictan las autoridades hacendarias, denominadas regularmente resoluciones o reglas, que buscan aclarar, precisar o delimitar determinado derecho y obligación. A este sistema se le conoce con el nombre de miscelánea fiscal, y debes estar muy vigilante de que funcionarios de Hacienda no intenten con alevosía contravenir o cambiar el sentido de alguna ley o reglamento fiscal.

Como México es un país de derecho escrito y la materia tributaria en particular se rige exclusivamente por la ley, la doctrina casi no produce ningún efecto en la relación jurídica-fiscal. De hecho, las pocas ocasiones en que se busca la opinión de los tratadistas en materia fiscal tienen que ver con casos en los que los contribuyentes intentan reforzar la existencia de un derecho que una determinada disposición fiscal les otorgue. En todo caso, la doctrina es empleada más a profundidad por el legislador con la intención de mejorar las disposiciones fiscales.

Dada la complejidad del Derecho Fiscal, en nuestro caso la costumbre no reviste ninguna importancia y por tanto no tiene cabida como fuente generadora de derechos u obligaciones de carácter fiscal.

Como bien sabes, en nuestro país la jurisprudencia sólo puede ser dictada por la SCJN y por los Tribunales Colegiados de Circuito, haciéndola obligatoria para el resto de los tribunales del país. En materia tributaria existe un sistema especial para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueda constituir su propia jurisprudencia, la cual sólo es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales y no para las autoridades administrativas.

Sólo pueden aplicar en la relación jurídica tributaria cuando han sido recogidos por el legislador. Específicamente, el espíritu de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución reconoce los principios de proporcionalidad y equidad (los cuales estudiaremos a fondo más adelante).

El primero de estos que firmó México fue en 1986 y desde entonces han sido parte primordial de las fuentes del Derecho Fiscal. Algunos de los tratados internacionales de trascendencia fiscal más importantes que ha firmado México son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y uno similar con la Unión Europea, los tratados vinculados a la Organización Mundial de Comercio, y los Tratados de Cooperación en Materia Aduanera para Evitar la Doble Tributación y para el Intercambio de información tributaria.