El sistema federal mexicano permite que tanto Federación como estados y municipios puedan cobrar impuestos con el objetivo de mantener su funcionamiento. Este fenómeno se conoce como potestad tributaria, y se realiza con total apego a Derecho.

Pero trasladado a la práctica, ¿qué sucede si tanto la Federación y el Estado en el que vives quieren cobrar un impuesto sobre el mismo objeto y con el mismo fin? ¿Cómo afecta eso a la economía nacional y cómo puedo quejarme como contribuyente? Son preguntas que todos tenemos y que los legisladores han tratado de responder cada año con más legislación y regulación fiscal.

Una sola federación, más 32 estados y casi 2,500 municipios hacen que ponerse de acuerdo en asuntos fiscales específicos sea algo difícil de alcanzar. ¿Cómo coordinar a tantos actores? ¿Cómo distribuir todas las distintas materias impositivas entre los ámbitos federal, estatal y municipal? En este tema lo veremos.

Según vimos anteriormente, en cuanto a la potestad tributaria que detentan la Federación y los estados, sí puede llegar a darse una concurrencia en ciertas materias específicas.

Esta concurrencia, comúnmente conocida como doble o múltiple contribución, es un fenómeno económico que se da cuando dos o más titulares de la potestad tributaria (por ejemplo, la Federación y un estado de la República) aplican contribuciones similares sobre un mismo contribuyente, respecto al mismo hecho imponible y por un mismo periodo fiscal (Venegas, 2012).

Comparado con otras naciones, el caso mexicano es mucho más proclive a sufrir de la doble tributación interna, debido primordialmente a la adopción de federalismo como configuración de nuestro sistema político. Es decir, que al haber más de un órgano que ejerce la potestad tributaria (Federación, estados y municipios), pueden ser los contribuyentes quienes se vean afectados con problemas de múltiple imposición.

Por ejemplo, pensemos en la controvertida tenencia vehicular, la cual puede haber sido establecida simultáneamente, ya sea por la Federación o por alguno de los Estados, todo esto en perjuicio de los gobernados.

En resumen, esta problemática de la múltiple imposición es consecuencia de la falta de una distribución clara entre las materias que pueden ser gravadas por la Federación y por las entidades federativas. ¿Cómo solucionarlo?

Tal problemática fiscal tan caótica llevó a los legisladores y tomadores decisiones a emitir, en el año de 1978, la Ley de Coordinación Fiscal. Como su nombre lo indica, este ordenamiento nace con el propósito de coordinar un régimen fiscal entre Federación, estados, municipios y el Distrito Federal.

En resumen, dicha ley establece qué contribuciones no se cobrarán por las entidades federativas y la manera en que se llevará a cabo la distribución de las contribuciones correspondientes. Veamos cómo se introduce en esta materia:

Al ser esta una Ley de origen federal, se hizo necesaria una figura por medio de la cual las entidades federativas se puedan adherir formalmente al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Esta figura, totalmente optativa para los estados, es conocida como Convenio de coordinación fiscal y está definido en el artículo 10 de dicha ley:

Por esta razón, los Convenios se han firmado paulatinamente a partir de 1978, y no todos al mismo tiempo. Estos convenios siguen aún en vigor, en teoría beneficiando a los gobernados.

No obstante, según Venegas (2012), el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene sus asegunes, y su éxito no ha sido garantizado por diferentes razones: bajas participaciones federales proporcionadas a estados y municipios, reticencia de parte de gobernadores y alcaldes, quienes ponen en duda los mecanismos de distribución, reprueban la alta concentración de potestades tributarias en las arcas federales y cuestionan su marginal participación en las decisiones fiscales.

Todas las inconformidades manifestadas por alcaldes y gobernadores respecto al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal forzaron a la realización de una serie de convenciones de impacto nacional, con el fin de replantear la coordinación fiscal para hacerla más justa y equitativa. Estas Convenciones Nacionales Hacendarias comenzaron en el año 2004, durante el sexenio del Presidente Vicente Fox, teniendo como principales objetivos:

Como decíamos al principio, coordinar fiscalmente un país con 32 estados y casi 2,500 municipios no es cosa simple. Al contrario, es tan frondoso el entramado que existe en legislación tributaria que ha obligado al legislador a abordar el tema de frente y proponer ajustes que puedan traer eficiencia y organización al sistema tributario mexicano.

En este tema aprendiste que la coordinación fiscal es la espina dorsal del federalismo mexicano, pues une a los tres niveles de gobierno por medio de la administración de los ingresos, los gastos y la deuda.

Quedó claro que la Federación manejará los impuestos de mayor contribución, como lo son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y les otorgará una tajada de esa recaudación a estados y municipios, por medio de una serie de fórmulas de transferencia de recursos (condicionados y no condicionados).