8.1 La resolución del juicio
Durante el proceso el juzgador dicta diversos tipos de resoluciones, bien sea de acuerdo a lo que las partes van pidiendo o de manera oficiosa; en cierto sentido los jueces están todo el tiempo resolviendo o dictando resoluciones, aunque no siempre se trata de aquellas que ponen fin a la controversia.
El artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio y sentencias cuando decidan el fondo del negocio.
Doctrinalmente hay dos tipos de sentencias o resoluciones en un proceso judicial: interlocutorias y definitivas. Las primeras son decisiones de mero trámite y hacen posible el desarrollo del proceso, preparándolo para su resolución definitiva. Las segundas, que interesan para efectos de este tema, ponen fin al plenario y deciden el juicio.
Las sentencias definitivas, de acuerdo con Alsina (1957), terminan el litigio que se instauró a causa de la demanda y su contestación, una vez examinados los medios probatorios, si el fondo del asunto no fuere declarado de puro derecho. “Sus efectos son extra procesales, impiden la reapertura de la Litis en otro juicio mediante la excepción de la cosa juzgada, y constituyen el fundamento del proceso de ejecución por la actio iudicati.
Siguiendo a Alsina, se admite tradicionalmente que la sentencia, en cuanto a su estructura, se traduce en un silogismo. Sin embargo, aduce que en general la doctrina se decanta hacia proponer que la sentencia es el resultado no de un juicio lógico objetivo de aquello que el juez recogió en el plenario; sino que más bien se trata de
“… una convicción, que no está o no debe estar sometida en cuanto a su formación a reglas fijadas a priori, y en la que entran o pueden entrar, en lo que a la valoración de los hechos se refiere, no sólo razonamientos puros, sino de simples impresiones, creencias, e incluso típicos actos de voluntad, por lo que parece preferible limitarse a decir que la sentencia contiene la expresión de la convicción formada en la mente del juez por la comparación entre la pretensión de la parte y la norma jurídica o derecho objetivo.”
Aun así, la sentencia sí contiene un razonamiento y éste presupone un juicio crítico a base de comparar entre las cuestiones de hecho y las de derecho, postuladas y alegadas por las partes, aplicando a final de cuentas la estructura de un silogismo.
El abogado litigante debe revisar no sólo que ese silogismo sea congruente; en términos de valorar una correcta relación del derecho, caso concreto y aspectos probatorios (y por lo tanto verdadero), sino que la resolución cumpla con las formalidades que la ley establece.
Por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) determina en su numeral 222 que las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo en ellas los motivos para hacer o no condenación en costas y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.
En materia penal el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes y los puntos a resolver. También deben estar bien fundados y motivados; ser claros, concisos y evitar formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos.
8.2 Los recursos
La posibilidad para el litigante de impugnar la resolución dictada en un proceso jurisdiccional constituye el medio que le permite solicitar que el mismo juzgador que dictó la resolución, o uno de jerarquía superior, la revise total o parcialmente, con el fin de anularla o modificarla.
En este sentido, los recursos se vuelven un elemento de contraste entre el ser con el deber ser “por cuanto se compara un acto ya realizado con lo que debió haber sido. Cuando se impugna, se debe indicar por qué se considera que la resolución o acto impugnado es incorrecto” (Núñez de Almonacid, 2007).
Para Palacio (1998), los recursos pueden definirse como aquellos actos procesales en cuya virtud la parte que se considera agraviada por una resolución judicial solicita, en el mismo proceso y dentro de determinados plazos computados a partir de la notificación de aquella, que el mismo órgano que la dictó u otro superior en grado la reforme, modifique, amplíe o anule.
-
Es el nuevo examen de una resolución en un proceso.
- Se analiza el fondo o la forma de la misma.
- La resolución puede tener diversa naturaleza.
El CNPP, en su artículo 456, contempla los recursos de revocación y apelación. Además el Código comprende las figuras de reconocimiento de inocencia del imputado y anulación de sentencia. Estas últimas no son incluidas en el capítulo de recursos, pero tienen un efecto impugnatorio.
En materia civil, el CFPC regula los recursos de revocación, apelación, revisión forzosa y denegada apelación, esto en sus artículos 227 y 266.
¿Quiénes pueden interponer los recursos? (art. 456 CNPP)
Los recursos pueden ser interpuestos por quienes han tenido intervención en el proceso como parte procesal y han sido afectados por la sentencia. Así, el Ministerio Público, el acusador coadyuvante, el asesor jurídico de la víctima y el defensor del imputado pueden interponer recursos. A su vez, en materia penal suele contemplarse una legitimación especial a las partes materiales del proceso —acusado y víctima u ofendido—para la impugnación de resoluciones. El artículo 459 del CNPP contempla expresamente la facultad de la víctima u ofendido de recurrir en algunas resoluciones, incluso sin haberse constituido como coadyuvante.
Estas resoluciones son las siguientes:
1. Resoluciones que traten de la reparación del daño causado por el delito.
2. Resoluciones que ponen fin al proceso.
3. Resoluciones producidas en la audiencia de juicio oral; no obstante, para recurrir a ellas la víctima deberá participar en la audiencia.
Debes recordar, de acuerdo a las necesidades de tu cliente y actos a impugnar, que los recursos pueden ser de efectos suspensivos o de efectos no suspensivos. Los del primer caso son aquellos cuya interposición suspende el desarrollo del proceso o la ejecución de la resolución. Por ejemplo, la revocación. En los no suspensivos, a pesar de haber sido interpuestos, el tribunal continúa desarrollando el proceso o ejecutando la sentencia. Por ejemplo, la revisión o la apelación cuando recae sobre una sentencia absolutoria en materia penal.
En ocasiones se utiliza como sinónimo de efecto no suspensivo el término de efecto devolutivo y quiere decir que una vez interpuesto el recurso, el a quo (es decir, el juez o tribunal cuya sentencia se recurre) solamente puede resolver si es admisible o no y queda impedido de hacer algo más con el proceso.
En cualquier caso es aconsejable que como postulante se tengan muy claros los objetivos de impugnar una resolución. Núñez de Almonacid plantea como tales los siguientes:
- Identificar el fundamento constitucional de la actividad procesal defectuosa y relacionarlo con la legislación procesal aplicable.
- Utilizar la terminología correcta en la aplicación de la actividad procesal defectuosa.
- Aplicar los principios que rigen la actividad procesal defectuosa de forma efectiva, para los intereses de la defensa.
- Analizar las implicaciones que tiene el derecho a recurrir.
- Aplicar los requisitos generales para el correcto planteamiento de las impugnaciones, en especial la determinación de agravio.
La parte toral en la interposición del recurso más socorrido contra las sentencias definitivas, la apelación, es la formulación de agravios, pues éstos constituyen en sí los argumentos centrales de la impugnación. Los agravios son la disconformidad de la parte recurrente con un vicio del procedimiento que le afecta en sus intereses y sus derechos y de manera sencilla, como la ha establecido la Corte en México, su objetivo es exponer razonadamente por qué se estiman ilegales las determinaciones que se reclaman o recurren.
No obstante, el jurista argentino Hugo Alsina dice que la expresión de agravios implica un análisis razonado de la sentencia, punto por punto, tendiente a demostrar los motivos que se tienen para considerar que la misma es errónea y que por lo tanto agravia al cliente. Esto es importante a considerar, pues a pesar de la aparente sencillez antes apuntada, existen también muchos criterios de la Corte relativos a la formulación de agravios inoperantes; por ejemplo, que no se cumple con la obligación de expresar agravios con sólo dar por reproducidas exposiciones o alegaciones hechas antes de la sentencia o con la sola mención de que éstos fueron causados.
8.3 Del juicio de amparo
El juicio de amparo mexicano, de acuerdo con Don Héctor Fix-Zamudio (1999), constituye la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y de carácter legislativo, contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva.
