Desde hace unos diez años se da una transición en diversas entidades federativas de México. A partir de junio 2008, con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, se avanza de un sistema de justicia inquisitivo mixto hacia uno de corte acusatorio y adversarial, la forma de enjuiciar las causas penales cambió. Entre las innovaciones más claras del nuevo paradigma de justicia se encuentra el sistema de audiencias, la oralidad de los juicios, la separación clara de funciones y las soluciones alternas al proceso, en donde la intervención directa de las partes (fundamentalmente víctima, ofendidos e imputado) pone fin al conflicto penal.
El rol de los abogados postulantes juega un papel clave en la consolidación del sistema acusatorio, la razón es muy simple: sin la preparación debida se puede generar impunidad, enviar inocentes a prisión o incidir en ambas injusticias. La formación en el sistema acusatorio precisa de la adquisición de conocimientos formales y del desarrollo de habilidades. En este tema se analizará la reforma constitucional de junio de 2008, focalizando los aspectos del contenido general de la reforma; los principios informadores del sistema acusatorio; los instrumentos internacionales que la sustentan; y su vínculo con el sistema integral de protección y defensa de los Derechos Humanos.
1.1 Contenido de la reforma de 2008
La llamada reforma constitucional de seguridad y justicia fue sancionada el 17 de junio de 2008 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Debido a la cantidad de disposiciones modificadas y a los alcances de su contenido, ha sido considerada como una reforma constitucional que revela una profunda transformación del sistema de justicia (Carbonell, 2010): “Sus disposiciones tocan varios de los ámbitos sustantivos de dicho sistema, dado que abarcan temas como la seguridad pública, la procuración de justicia y la administración de justicia.” Las tres principales líneas en que se despliega la reforma, de acuerdo con Contreras (2015) son las siguientes:
1. Cambio del sistema de enjuiciamiento penal. Pasa de ser inquisitivo-mixto a uno de corte acusatorio.
2. Cambios en el sistema penitenciario. Al judicializarse la toma de decisiones en la ejecución de las sentencias, dicha función pasa del órgano ejecutivo al judicial, y se modifica su anterior objetivo de readaptación social por el de reinserción.
3. Impulso de un nuevo concepto de seguridad pública. Entre otros objetivos, se busca una mayor coordinación de las tres estructuras policiales existentes.
Los artículos modificados por el poder reformador de la Constitución fueron el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123. Su estudio es de gran importancia para la comprensión cabal de los temas antes indicados. Para el tema del litigio penal se hará énfasis en aquellas disposiciones que conforman la base para el sistema acusatorio, utilizando en parte el trabajo de Miguel Carbonell (2010) sobre las bases constitucionales de la reforma penal.
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Requisitos para librar una orden de aprehensión; delimitación de la flagrancia; constitucionalización del arraigo; delincuencia organizada; uso de comunicaciones privadas en proceso; y la creación de la figura de los jueces de control.
Constitucionalización de los mecanismos alternativos de solución de controversias; deber de explicar las sentencias; y fortalecimiento de la defensa pública.
Delimitación del fin de la pena privativa de libertad; y centros y reglas especiales para la prisión preventiva y para la ejecución de sanciones privativas de libertad en delincuencia organizada.
Se regula el auto de vinculación a proceso, en lugar del auto de formal prisión; y regulación de la prisión preventiva.
Delimitación de los principios informadores del proceso penal; el concepto de prueba ilícita; y rango constitucional al principio de presunción de inocencia.
Fundamento para la acción penal privada; y la aplicación de criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público.
Se establece el principio de la proporcionalidad de la pena al delito que sanciona y al bien jurídico afectado.
1.2 Principios del proceso penal acusatorio
El artículo 20 constitucional establece en su párrafo inicial que el proceso penal será acusatorio y oral. Posteriormente enuncia, sin hacer definiciones legales, que dicho proceso se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En este sentido vale la pena distinguir que tanto el carácter de acusatorio, como la oralidad, no están señalados como principios, lo que lleva a inferir que se trata más bien de características inherentes al sistema.
En efecto, la condición de acusatorio, de acuerdo con Piqué Vidal (citado por Bardales, 2008):
Se basa en la necesaria existencia de una parte acusadora que ejerce la acción penal, distinta e independiente del juez. A su vez admite y presupone el derecho de defensa y la existencia de un órgano judicial independiente e imparcial.
La característica de la oralidad, que para algunos autores es más bien un principio informador del proceso penal (González, 2014), consiste en el predominio de la palabra hablada en las audiencias y actuaciones para aportar elementos en el juicio de forma directa y verbal, frente a la palabra escrita que de cualquier modo permanece para dar soporte material a la evidencia (Bardales, 2008). González Obregón (2014) aclara que la oralidad es más bien un instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los principios rectores del sistema.
Por lo que hace a los principios invocados en la Constitución, estos están presentes en todo el proceso y, de acuerdo con Contreras (2015), resultan más evidentes en la audiencia de juicio oral. Como se apuntaba, la Constitución Federal se refiere a ellos en el artículo 20 en su primer enunciado, mientras el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) los desarrolla en los artículos del 5 al 9. Estos principios significan, con base en las definiciones legales del CNPP, lo siguiente:
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Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general.
Contradicción
Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código.
Continuidad
Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en el CNPP.
Concentración
Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en el CNPP, y salvo los casos excepcionales previstos en el mismo.
Inmediación
Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código, siendo indelegable para el Órgano jurisdiccional la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva.
Es preciso señalar que el CNPP, entre los artículos 10 y 14, amplía la conceptualización de los principios rectores del proceso penal hacia los de igualdad ante la ley, evitando la preponderancia de actores; igualdad entre las partes, lo que fortalece la posición de la víctima en el proceso al tiempo que atempera la otrora poderosa figura del Ministerio Público; juicio previo y debido proceso, para la consecución de sistema garantista; presunción de inocencia, que deja atrás la terrible tradición de la presunción de culpabilidad de los imputados; y prohibición de doble enjuiciamiento, mismos que se encuentran dispersos, a su vez, en disposiciones de la misma Carta Magna.
1.3 Instrumentos Internacionales y Derechos Humanos
Una de las notas esenciales de la reforma de junio de 2008 es que sustenta un sistema de justicia penal de corte garantista, el cual observa los diversos instrumentos internacionales que México ha ratificado en materia de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Estos instrumentos internacionales preceptúan diversos derechos para aquellas personas relacionadas con una causa penal, como la garantía de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el derecho a ser oído en juicio y en audiencia pública, el derecho a contar con un defensor, a participar en el proceso, evitar dilaciones injustificadas, o a resolver el conflicto penal a través de mecanismos diversos al proceso.
Miguel Carbonell (2012) menciona que la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos ofrece varias novedades importantes, entre ellas una más amplia protección, defensa y reconocimiento de los derechos humanos. Esto vino a robustecer de manera definitiva la aplicación del derecho internacional en el proceso penal mexicano. Esta reforma reconoce el principio pro persona en la interpretación y aplicación de la ley, y desde luego la ley penal; y reconoce la obligatoriedad del control difuso de la convencionalidad, lo que significa que toda autoridad jurisdiccional está revestida de competencia para interpretar directamente la Constitución y todo ordenamiento internacional sobre derechos humanos, que se integra como un bloque de derechos de rango constitucional; desde un juez mixto de una pequeña población hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
