La celebración y aprobación de los tratados internacionales está guiada por los siguientes ordenamientos jurídicos:
•Otorga el fundamento legal para que el Estado Mexicano a través del titular del Poder Ejecutivo celebre tratados internacionales (art. 89, fr. X) y el Senado de la República que le otorga las facultades de aprobarlos (art. 76, fr. I)
La administración pública federal tiene participación en la celebración de tratados, acuerdos y convenciones internacionales a través de las facultades otorgadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores
- Se detallan los lineamientos para la aprobación de tratados internacionales por parte del Senado de la República.
- Establece el procedimiento para la celebración de estos, a cargo de la SE.
Dicta los objetivos generales y particulares que deberán observarse en la aprobación de los tratados, y los procedimientos para el requerimiento de la información, así como las disposiciones para regular la participación de los poderes de las entidades federativas y de las organizaciones empresariales, ciudadanas y sindicales.
Establece los procedimientos especiales entre los que se encuentra el relativo al análisis y aprobación en su caso, de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, así como de las decisiones y procedimientos relacionados con los mismos.
Al existir una primacía del derecho interno frente al derecho internacional, se establece un principio de supremacía constitucional. El artículo 133 constitucional señala lo siguiente: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de los Estados.
Esto se traduce en que toda norma que pertenece al orden jurídico mexicano debe sujetarse a los ámbitos de validez establecidos por la Constitución. Por lo tanto, toda norma que quiera ser introducida al orden jurídico mexicano deberá de estar en completa concordancia o de acuerdo con la Constitución.
Así bien, la validez de los tratados internacionales existirá si éstos no se contraponen con la Carta Magna.
El artículo 133 constitucional, adicional a la supremacía de la Constitución, también establece la jerarquía de las leyes dentro del orden jurídico mexicano, el cual otorga a los tratados internacionales el carácter de Ley Suprema de toda la Unión al igual que a las Leyes del Congreso de la Unión, por lo tanto, los tratados internacionales y las leyes federales se encuentran en un mismo nivel jerárquico.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que derivado de ese orden jerárquico y de una interpretación armonizada de las disposiciones constitucionales, se desprende que los tratados están ubicados por debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales. Esto debido a que en la medida en que el Estado Mexicano al suscribir los tratados internacionales de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales y bajo el principio fundamental del derecho consuetudinario pacta sunt servanda, los tratados internacionales adquieren obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo cumplimiento supone una responsabilidad de carácter internacional (Valdés, 2012).
Bajo este entendido, las leyes expedidas por el Congreso no sólo serán congruentes con las disposiciones en la Constitución (2015), sino que también deberán ajustarse a los tratados internacionales suscritos por México.
Constitución. Artículo I
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…
El Estado Mexicano se organiza con la finalidad de ser capaz de enfrentar los problemas internos y de cumplir con los compromisos contraídos con otros estados. Por ello, bajo la Constitución, el Estado otorga derechos y se obliga, representa a sus nacionales, ejerce jurisdicción, ejecuta sanciones y establece los vínculos con el exterior al instrumentar un marco jurídico internacional que lo obliga dentro de la propia nación.
Con dicho propósito, el Estado Mexicano otorga facultades y se organiza de la siguiente manera, conforme a la actividad frente a tratados internacionales:
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Las funciones de los Poderes de la Unión son complementarias en las actividades relacionadas a los tratados internacionales en lo que equivale a limitantes entre uno y otro. Es decir, primeramente el Poder Ejecutivo, tiene la función de celebrar tratados internacionales, pero éstos no podrán ser celebrados sin el análisis de la política exterior, desarrollado por el Poder Legislativo y que se encuentra involucrada en las decisiones del Poder Ejecutivo, a su vez el Poder Legislativo dará su consentimiento sobre los tratados internacionales que se regirán en el marco jurídico del Estado Mexicano, por su parte, el Poder Judicial tendrá la función de resolución de controversias a través de la interpretación de los tratados internacionales.
Estos poderes se encuentran vinculados con sus contrapartes en otros países, de tal forma que exista una respuesta adecuada y la cooperación internacional a través de las competencias de cada uno.
