La protección de la libertad de las personas abarca un amplio espectro; sin embargo, una forma de organizar los ámbitos de protección es pensarlo en dos grandes categorías:
Libertad personal o física
Libertad intelectual o de pensamiento
La primera categoría abarca todos los aspectos relacionados a la detención, obstrucción de movimiento, y privación de la libertad física de una persona, principal, mas no exclusivamente por el Estado.
Un gran apartado de esta categoría tiene que ver con el proceso penal:
- ¿Cuándo puede ser detenida una persona?
- ¿Por cuánto tiempo?
- ¿De qué protecciones o garantías goza?
- ¿Cómo puede ser sujeta a proceso y condenada a perder la libertad?
- ¿Qué condiciones deben reunir las prisiones?
Pero también puede involucrar restricciones más relativas a la libertad, por ejemplo en cuestión de libertad de tránsito. Ejemplos de ello son los siguientes:
Otras formas de limitar la movilidad
Inclusive restricciones para trasladarse de un lugar a otro del páis
Emigrar de un país a otro
La segunda categoría abarca los temas principalmente de libertad de expresión o libertad de pensamiento y conciencia, que incluyen los siguientes aspectos:
- Recibir información
- Ser informado
- El derecho a la verdad
- El derecho de creer, tener y cambiar de religión
Es a este tipo de libertades que se le dará mayor atención en este tema, toda vez que de alguna manera, a través de la desaparición forzada y la pena de muerte indirectamente también se toca el tema de la libertad personal.
Al analizar la libertad de pensamiento y expresión en forma genérica abordaré las siguientes preguntas:
9.1 Alcance y limitaciones de la libertad de conciencia y expresión como derecho humano
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) contiene las disposiciones referentes a los acuerdos sobre este tema, dos de los artículos más importantes son los siguientes:
El artículo 12 que contiene las disposiciones principales sobre libertad religiosa y de conciencia.
El artículo 13 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión”, esto comprende la libertad de buscar, difundir o recibir información o ideas de cualquier tipo, por ejemplo:
El derecho de expresión únicamente se podrá sujetar a responsabilidades ulteriores con base en las siguientes razones:
Haz clic en cada numero para conocer su información
El respeto a los derechos de los demás
El respeto a la reputación de los demás
La protección de la seguridad nacional
El respeto al orden público
El respeto a la salud pública
El respeto a la moral pública
Los casos de libertad de expresión generalmente involucran el balance de dos tipos de valores o intereses. Por un lado, el valor que tiene el intercambio de información e ideas, es decir, de hechos y opiniones, en una sociedad democrática, así como en general para el desarrollo integral de la persona. Por otro lado, el valor que tiene la protección de los derechos de terceros que pueden estar involucrados con la diseminación de cierto tipo de información u opiniones.
Estos derechos, a su vez, involucran el valor de proteger la intimidad, reputación y dignidad de las personas. Por ejemplo, el derecho a mantener cierta información en su esfera privada o el derecho de proteger información que la ley prevé para fomentar el desarrollo comercial y económico, así como la confidencia necesaria en cierto tipo de intercambios de información (por ejemplo, la confidencialidad entre abogado y cliente tiene como valor subyacente el de la debida defensa).
También dentro de los derechos de terceros puedes encontrar una categorización del tercero como la sociedad en su conjunto. Este tipo de valores e intereses son los que protege el derecho a través de la protección de la seguridad nacional, la moral y la salud públicas.
La propaganda de la guerra, así como la apología de odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o de cualquier otro acto ilegal contra personas o grupos de persona, de cualquier tipo, no sólo no constituyen derechos de libertad de expresión, sino que están prohibidos.
Como una actividad extra y muy entretenida, revisa e investiga en internet imágenes con propaganda de guerra, así como la apología de odio nacional. Haz una tabla en la que incluyas de un lado, las imágenes y de otro un comentario sobre dicha propaganda, que responda las siguientes preguntas
• ¿Qué se esperaba de la propaganda?
• ¿Con qué fines se realizó?
• ¿En qué época sucedió esto?
• ¿Qué implicaciones tuvo?
• ¿Qué implicaciones tendría la misma propaganda actualmente?
Adicionalmente, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos protege en un artículo separado la libertad de conciencia y de religión. El artículo 12 establece esta protección, que involucra el derecho de profesar y compartir la religión que cada quien quiera, tanto en privado como en público. Asimismo, se refiere a la prohibición para no forzar a nadie a cambiar o mantener una religión.
Si bien la libertad de conciencia y de religión están íntimamente ligadas a la de pensamiento, como recordarás históricamente la libertad religiosa fue el primer esfuerzo durante la Ilustración por defender y avanzar la protección a la libertad de pensamiento, especialmente derivado de los conflictos religiosos en Europa entre el protestantismo y el catolicismo. Adicionalmente los contextos de intolerancia religiosa en muchas partes del mundo hacen necesario que permanezca como un derecho independiente. En diversas zonas de México existen problemas serios con la libertad religiosa, especialmente en estados como Chiapas, en donde grupos importantes de evangélicos o testigos de Jehová son expulsados de sus comunidades y discriminados incluso en la prestación de servicios municipales por la religión que profesan. ¿Cómo ha abordado la Corte Interamericana la tensión que produce el derecho de libertad de expresión con sus limitaciones? Esto lo analizarás en el siguiente apartado.
9.2 La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión
En primer término, la Corte Interamericana ha establecido que la libertad de pensamiento y expresión tiene dos dimensiones, una individual y una dimensión social. Esto significa que no sólo individual o personalmente tienes el derecho de pensar y expresar tu pensamiento, sino que también la sociedad tiene el derecho de recibir y difundir información y opiniones.
En su dimensión social, esto protege tanto al receptor de la información tanto como público en general, como en particular a los medios de información que tienen esta función de difundir y transmitir información y opiniones. Las dos dimensiones están indisolublemente ligadas en el sentido de que la restricción de una afecta a la otra. Así, la Corte en su opinión consultiva la colegiación obligatoria de periodistas estableció esta relación en los siguientes términos:
Ahora, en cuanto a las restricciones a la libertad de expresión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es más limitativa o si se puede decir, más generosa, con la libertad de expresión que la misma Convención Europea sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana, sin embargo, ha observado y utilizado la jurisprudencia de la Corte Europea y de otros tribunales nacionales para construir el estándar bajo el cual se deben analizar las restricciones que un Estado imponga a la libertad de pensamiento y expresión. Así, en la misma Opinión Consultiva articuló el criterio de esta manera:
Así, el estándar podría resumirse de la siguiente forma:
- La restricción a la libertad de pensamiento debe buscar cumplir un interés público imperativo.
- Dicho interés público debe preponderar claramente sobre la libertad de pensamiento y expresión.
- Para lograr dicho interés público, debe escogerse el medio, entre varios disponibles de ser el caso, que restrinja en menor medida la libertad de pensamiento y expresión. Esto es que la medida de restricción debe ser proporcionada al interés público que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo interés.
El criterio en la decisión está inspirado en el estándar constitucional anglosajón. En ese derecho se le conoce como un criterio riguroso o alto de revisión de la constitucionalidad de un acto de gobierno. Esto significa no sólo que el acto gubernamental debe estar estrictamente relacionado al objetivo que persigue, sino debe ser el menos pernicioso o restrictivo posible. Visto de otra manera, si hubiera una medida menos restrictiva para alcanzar el mismo fin, el acto no pasaría el criterio de revisión señalado.
Ahora abordaré las restricciones a la libertad de expresión:
El primer punto que debes recordar es que la Corte ha dejado claro que las disposiciones sobre libertad de expresión son un piso mínimo, por lo tanto los Estados podrían adoptar una posición más liberal respecto a dicha libertad.
La Corte Interamericana también ha explicado que estas restricciones deben entenderse como causales de responsabilidad (CIDH, 1985). Los Estados no pueden utilizarlas en forma preventiva, como sería el caso de la censura previa, la cual está prohibida (salvo en el caso de establecimiento de entretenimiento público para proteger la moral de los menores y jóvenes). De ahí del sistema de clasificación de películas que está relacionado con la edad.
En la misma Opinión Consultiva, la Corte Interamericana estableció que para el funcionamiento de estas restricciones en forma apropiada con la Convención, las mismas debían cumplir con ciertos requisitos, a saber:
En el caso particular de la Opinión Consultiva sobre Colegiación Obligatoria de Periodistas, la Corte Interamericana analizó la legislación de Costa Rica en la materia, a solicitud de este mismo país, en cuanto a su compatibilidad con la libertad de expresión. Es interesante que la Comisión ya había abordado un caso individual de un periodista no colegiado sometido a responsabilidad penal y había concluido que Costa Rica no era responsable internacionalmente, toda vez que la Colegiación no era incompatible con la libertad de expresión. La Corte Interamericana, sin embargo, llegó a la conclusión contraria.
Primero identificó cual era la necesidad que buscaba cumplir la colegiación obligatoria de periodistas. Concluyó que se trataba del orden público y el bien común y no en relación a otro tipo de restricciones como la seguridad nacional, la salud pública, o la moral. La colegiación tiene el objeto de regular a la profesión con fines del control de la calidad profesional, cuestiones éticas y permitir la defensa de la misma profesión en forma colegiada. En un párrafo relevante, la Corte Interamericana explica que las nociones de orden público y bien común sólo pueden ser interpretadas a la luz de los principios y valores de la democracia. Así, señaló los siguiente:
Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las " justas exigencias " de " una sociedad democrática " que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención.
Posteriormente, señaló que el caso de la libertad de pensamiento y expresión constituye un imperativo del orden público democrático:
Finalmente, la Corte rechazó que el periodismo pudiese ser considerado como cualquier otra profesión sujeta a colegiación obligatoria debido a que la actividad del periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de pensamiento y expresión. Por ello, cualquier restricción a esta actividad involucra automáticamente una restricción a la libertad de pensamiento y expresión y que en el caso de la colegiación no se justifica, debido a que los fines que persigue la misma pueden ser alcanzados sin limitar el ejercicio del periodismo a obtener un título profesional o a ser sancionado por no pertenecer al colegio.
Haz clic en la imagen para apliarla
En cuanto al estándar o criterio de necesidad de una restricción a la libertad de expresión, la Corte Interamericana ha dejado claro que sus elementos, de estricta relación con un interés público imperante y preponderante y la utilización del medio más restrictivo, no se cumplen si la medida utilizada tiene como objeto o efecto inhibir la libertad de expresión.
En el caso Ivcher Bronstein vs. Perú, la Corte analizó las acciones del Estado peruano que resultaron en la pérdida de las acciones mayoritarias del Sr. Bronstein en el Canal 2 de televisión peruana, así como su posición como Presidente y Director del mismo canal por procesos de fraude. Perú, asimismo, lo despojó arbitrariamente de su nacionalidad peruana. Los medios de comunicación son un instrumento central de la libertad de expresión y las medidas de Perú violaron las dos dimensiones de la libertad y tienen el efecto de inhibir su ejercicio.
En el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, la Corte tuvo oportunidad de referirse a la libertad de expresión en el debate político. El caso involucró un procedimiento penal por difamación en contra de Ricardo Canese. El contexto fue la apertura democrática en Paraguay posterior a la dictadura de Stroessner. Canese era el candidato de oposición a la Presidencia y realizó unas declaraciones públicas en el que acusaba a su rival de ser el prestanombres de Stroessner en una empresa determinada. Directivos de la empresa iniciaron un proceso penal por difamación contra Canese que involucró, entre otras medidas, la prohibición para que viajara al extranjero.
En cuanto a la libertad de expresión en el contexto de una contienda electoral, la Corte señaló:
La Corte considera importante resaltar que, en el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión.
Y reiteró la jurisprudencia establecida en el caso Herrera Ulloa en cuanto a la mayor apertura que requiere la libertad de expresión en relación a la reputación personal tratándose de figuras públicas:
El Tribunal ha establecido que es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Este mismo criterio se aplica respecto de las opiniones o declaraciones de interés público que se viertan en relación con una persona que se postula como candidato a la Presidencia de la República, la cual se somete voluntariamente al escrutinio público, así como respecto de asuntos de interés público en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, afecta intereses o derechos generales, o le acarrea consecuencias importantes. Como ha quedado establecido, no hay duda de que las declaraciones que hiciera el señor Canese en relación con la empresa CONEMPA atañen a asuntos de interés público (CIDH 2004).
Por último, haremos referencia al principio de real malicia que se ha desarrollado en los Estados Unidos en materia de difamación por notas periodísticas. El caso en el que surgió el principio es uno conocidos como New York Times vs. Sullivan. Los hechos del caso fueron los siguientes: En 1960, a nombre del Comité para la Defensa de Martin Luther King y la lucha por la libertad en el sur, se compra y publica en el New York Times un aviso pagado con el título Heed Their Rising Voices.
El anuncio fue firmado por sesenta y cuatro personas y tuvo un costo de $4,800 dólares. No fue un anuncio comercial sino de protesta. La parte que causó problemas del anuncio era una descripción de cómo la policía en Alabama rodeó a estudiantes de la universidad que estaban cantando canciones patrióticas en la escalinata de la legislatura del Estado. Los policías venían fuertemente armados y con gases lacrimógenos.
Los estudiantes en protesta se negaron a reinscribirse y el comedor de la universidad fue cerrado. Inmediatamente después de esta descripción, el anuncio se refería a los actos de intimidación, amenazas y agresiones en contra de Martin Luther King y su familia.
Esto originó que el jefe de la policía de Montgomery, Alabama presentara una acción por libelo en los tribunales de esa ciudad. Reclamó una reparación por $500,000 dólares en contra del periódico. Eventualmente el jurado condenó al pago de los daños solicitados. El New York Times apeló pero la decisión fue confirmada por la Suprema Corte de Alabama. El periódico interpuso una acción de certiorari ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
En la decisión encontramos uno de los pasajes más conocidos sobre la libertad de expresión y el debate público:
(…) Mantener la libre discusión política para lograr que el Gobierno responda a la voluntad del pueblo y que se obtengan cambios por las vías legales, posibilidad esencial para la seguridad de la República, es un principio fundamental de nuestro sistema constitucional (…) por eso debemos analizar este caso partiendo de una profunda adhesión al principio de que la discusión sobre los asuntos públicos debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente agudos, contra el gobierno y los funcionarios públicos.
-Traducción tomada de Bertoni, 2004-
La condena a la reparación se basaba en el hecho de que cierta información del anuncio no era del todo correcta. La decisión de la Suprema Corte aborda si el hecho de expresar información falsa en el debate público se justifica como una excepción al derecho constitucional de la Primera Enmienda estadounidense. El error en la expresión o exigir en un tribunal la prueba de la verdad o el acreditamiento pleno de lo afirmado, así como la amenaza de daños ante la imposibilidad de hacerlo, constituye en la opinión de la Suprema Corte una especie de censura previa que inhibe la manifestación de las ideas. Por ello, la Suprema Corte de los Estados Unidos estableció como estándar que, para generar responsabilidad por expresiones realizadas en relación a sujetos públicos y cuestiones públicas era necesario probar que la falsedad de la información se realizara con conocimiento de la falsedad o temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad (reckless disregard). A ello se le conoce como la teoría de la real malicia.
Por lo menos tres jueces emitieron opinión separada para sostener que en realidad no debería existir responsabilidad por las manifestaciones del pensamiento en cuanto al debate público, toda vez que esta era la única forma real de sostener el principio y valores contenidos en la libertad de expresión y su relación con el sistema democrático de gobierno. ¿Cuál es tu posición al respecto?
