El derecho penal se define como la “rama del derecho público que a partir de un conjunto de normas que prevén penas o medidas de seguridad, regulan la vida de las personas en una sociedad concreta” (Carreón, 2022).
El derecho penal nace como una necesidad de la sociedad, en este caso, de evitar que las personas rebasen los límites concedidos a sus libertades y derechos; por tanto, se convierte en el medio que tiene el Estado para garantizar que la colectividad cohabite en paz y con orden social.
El Estado cataloga las conductas prohibidas como delitos y los divide en dos ámbitos concurrentes: algunos son perseguidos y sancionados por la federación, mientras que las entidades federativas hacen lo propio con otros.
En este tema, revisarás cuáles son los elementos del delito y, en cada uno de ellos, reconocerás los bienes tutelados, es decir, los aspectos que se consideran indispensables para la convivencia humana en comunidad.
Existen tres principios fundamentales en el derecho penal (ver tabla 1):
Tabla 1. Principios fundamentales en el derecho penal.
El delito es una acción en contra de lo establecido por la ley (normas penales), es decir, se define como una conducta típica, antijurídica y culpable; por este motivo, el Estado aplicará las medidas de seguridad, sanciones o penas que establezca la ley, dependiendo de la gravedad de dicha conducta.
Los elementos del delito se entienden como el conjunto de particularidades que lo conforman; en otras palabras, se refieren a las características que tiene cualquier hecho delictivo para ser estimado como tal (ver figura 1).
Figura 1. Elementos del delito.
El derecho penal protege bienes jurídicos, pues la legislación penal contiene juicios de valor positivos sobre bienes vitales que se consideran necesarios para la convivencia humana en sociedad, así que deben ser salvaguardados por el poder coactivo del Estado mediante sanciones penales. Estos valores se convierten en bienes jurídicos tutelados, sobre todo en el ámbito de la protección de los ordenamientos jurídicos.
Los bienes jurídicos son intereses importantes de la sociedad, a los que el derecho penal concede su protección. Este resguardo se refiere a que a través de las normas jurídicas se prohíben, con amenaza de pena, las acciones que perjudican los intereses fundamentales de la comunidad.
En términos generales, los bienes jurídicos más necesitados de protección son la vida, la libertad, el patrimonio, la salud, la seguridad, entre otros; por tanto, existen conductas tipificadas como delitos que son sancionables, por ejemplo, el homicidio, secuestro, fraude, lesiones y robo.
El derecho penal es una rama del derecho público y el Estado tiene especial interés en regularla, ya que busca proteger aquellos valores (bienes jurídicos tutelados) de mayor relevancia; así, se impide que algunas personas atenten contra ellos. Para lo anterior, con el monopolio que tiene de la fuerza pública, el Estado impone sanciones de seguridad, como la privación de la libertad, a quienes cometen delitos.
Para que una conducta se considere un delito, debe adecuarse a la definición establecida por la ley (tipicidad) y que esté prohibida (antijuridicidad); entonces, como consecuencia de que una persona se encuentre en esa situación por su conducta, el juicio que se le aplique puede ser de culpabilidad. De esta manera, el Estado tiene la capacidad de imponer una pena, buscando con ello que no se preserven comportamientos indeseados en la comunidad.
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